El Plan Anual de Contratación del Ayuntamiento de A Coruña, que la alcaldesa, Inés Rey, y el concejal de Hacienda y portavoz del Gobierno, José Manuel Lage, presentaron esta mañana en María Pita, recoge un total de 363 contratos, con un valor de 534.408.205 millones de euros. Este plan, que la Ley de Contratos del Sector Público obliga las administraciones locales a elaborar y que nunca antes se había aprobado en A Coruña, es una herramienta que le permitirá al Gobierno local articular medidas para aliviar y minimizar el escenario económico que se prevé una vez que se inicie el desconfinamento en que nos encontramos desde lo pasado 14 de marzo, tras la declaración del Estado de Alarma provocado por el Covid-19.

La alcaldesa explicó que el plan adquiere un mayor protagonismo en estos momentos, ya que "la contratación publica será una pieza clave en la reactivación económica y en la generación de empleo". Rey destacó la necesidad de que los ayuntamientos jueguen un papel importante en esta situación adoptando medidas que sirvan para proteger a la ciudadanía, las empresas y las y los trabajadores.

La regidora señaló durante la presentación que se trata de un plan "que refleja la gestión, la capacidad de planificación y la transparencia del Gobierno. Es una oportunidad también para mejorar el funcionamiento del Ayuntamiento y también para lograr un mayor rendimiento de todos sus recursos materiales y personales". En este sentido, agradeció el esfuerzo que están realizando las trabajadoras y trabajadores municipales para darles respuesta a las necesidades de las y de los coruñeses.

Recordó que Gobierno local está negociando con las distintas fuerzas de María Pita un plan de recuperación económica social de A Coruña (PRESCO) que se basa en tres pilares fundamentales: inversión municipal, Coruña Solidaria -aumento de los programas y partidas sociales-, y ayudas dirigidas a los sectores económicos que peor lo están pasando, como la hostelería, las pymes o el comercio de cercanías. Es un plan que, tal y como indicó, no cuenta por el de ahora con una cuantía oficial asignada, aunque en su ejecutivo confían en que en la próxima semana pueda anunciarse la cifra que se destinará a él, fruto del acuerdo de todos los grupos políticos.

Rey mostró su satisfacción por este documento que ayudará a planificar la reactivación económica de la ciudad, ya que hasta el momento las ayudas se centraron en las políticas asistenciales. El plan les dará a conocer a los operadores económicos las necesidades institucionales que pretenden cubrirse mediante estos contratos, para que de este modo se puedan estudiar con tiempo suficiente y preparar las ofertas correspondientes.

Cuanto el contenido del dicho plan, los contratos que incorporan incluyen el importe a lo largo de toda duración del contrato, junto con las posibles prórrogas, modificaciones presupuestarias e IVA. No se incluyen contratos menores, concesiones de dominio público ni los contratos de 2020 que ya fueron publicados en el perfil del contratante y que están suspendidos por el estado de alarma. Además, el plan tiene un carácter estimativo. Se podrán incorporar nuevos contratos que se considerar necesarios en este período o no se licitar algunos de los recogidos en el plan.

Por su parte, el portavoz del Gobierno, José Manuel Lage, aclaró que, de los más de 500 millones de euros, 299 corresponden a la licitación del contrato de la planta de Nostián por un plazo de 15 años, que es obligatorio reflejar en el plan. El resto se destinarán la distintas actuaciones a lo largo de este año y tienen una financiación plurianual. 40 millones de euros serán para obra pública, sin tener en cuenta las licitaciones que ya aparecieron en el perfil del contratante. "Se trata de licitaciones que tendrán un impacto muy importante sobre la economía de nuestra ciudad", resaltó el portavoz.

Además, quiso destacar que, desde que comenzó el estado de alarma, el Gobierno local mantuvo todos los contratos firmados con las empresas que le prestan un servicio al Ayuntamiento. Una decisioón dijo, que permite mantener 2.300 puestos de trabajo y constituye una de las mejores medidas de protección social que podemos adoptar para afrontar las consecuencias económicas ocasionadas por la crisis sanitaria.

Con este nuevo plan, explicó, se evitarán los reparos en la legalidad de algunos contratos y la concurrencia a contratos menores. Además, se reducirán los plazos para presentar ofertas, especialmente en los contratos sujetos la regulación armonizada. De los 363 contratos que recoge el plan, 65 están sujetos la regulación armonizada y suponen 478 millones de la cifra total. La reducción de plazos servirá también para acortar el plazo medio de pago a los proveedores, que en los cuatro últimos meses se situó por debajo de los 30 días.